La justicia venezolana guarda en sus archivos capítulos oscuros, pero pocos tan dolorosos como el de la Masacre de Kennedy. Este caso no solo representa un trágico episodio de exceso policial, sino que se convirtió en el símbolo de la vulnerabilidad del ciudadano común ante quienes portan un uniforme. En nuestra sección Casos más Sonados, desglosamos el expediente de una noche donde la confusión y la impunidad apagaron tres vidas inocentes.
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El origen del caos: Un operativo sin ley
Para entender la tragedia, debemos retroceder dos días antes del 25 de junio de 2005. El asesinato de un agente de la otrora Dirección de Inteligencia Militar (DIM), Edwin Toussaint, desató una cacería humana en el oeste de Caracas.
Sin autorizaciones legales ni coordinación con otros entes, funcionarios del DIM instalaron alcabalas improvisadas en las cercanías del Barrio Kennedy (Parroquia Macarao). Su objetivo era «ajusticiar» a los responsables del crimen del agente, bajo una premisa peligrosa: disparar primero y preguntar después.
Una ruta sin retorno: El Chevrolet Corsa arena
Esa noche, seis estudiantes de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Santa María (USM) salían de un agotador examen de matemáticas. Leonardo González Lares (25), dueño de un Corsa color arena, se ofreció a llevar a sus compañeros a casa debido a la peligrosidad de la zona y la falta de transporte público.
Lo que debía ser un trayecto de rutina se convirtió en una emboscada:
- La primera alcabala: Al llegar a la entrada del barrio, hombres con pasamontañas y armas largas —sin identificación oficial— les ordenaron detenerse. Ante el miedo de ser víctimas de un robo, Leonardo aceleró.
- La lluvia de fuego: Tras evadir el primer control, una segunda alcabala abrió fuego a discreción contra el vehículo en marcha.
Dato clave: Un rebote de bala hirió a un funcionario; esto hizo creer erróneamente a los policías que los estudiantes estaban armados y respondiendo al fuego, lo que intensificó el ataque.
Las víctimas y la saña del «ajusticiamiento»
El saldo de la balacera fue devastador. Leonardo González Lares murió instantáneamente tras recibir un disparo en el rostro. Sin embargo, lo más crudo ocurrió minutos después con los sobrevivientes que intentaron huir:
- Erick Montenegro (22) y Édgar Quintero (19): Lograron salir del auto y esconderse en una zanja. Al ser hallados, suplicaron por sus vidas identificándose como universitarios. Los funcionarios ignoraron sus gritos y los ejecutaron a quemarropa. Erick recibió 10 impactos de bala; Édgar, tres.
- Las sobrevivientes: Elizabeth Rosales, Danitza Buitrago e Irúa Coromoto Moreno resultaron heridas por los proyectiles, pero lograron sobrevivir para contar la verdad que los cuerpos de seguridad intentaron ocultar.
El intento de montaje: «Sembrando» evidencias
Como suele ocurrir en casos de ejecuciones extrajudiciales, los funcionarios intentaron modificar la escena del crimen. Reportaron un «enfrentamiento» y llegaron a plantar armas cerca de los cuerpos de los estudiantes.
Sin embargo, la experticia del CICPC y las pruebas de Análisis de Traza de Disparo (ATD) fueron contundentes: ninguno de los jóvenes había disparado. Los resultados negativos en los estudiantes desmontaron la versión oficial y obligaron al entonces Ministro de Interior y Justicia, Jesse Chacón, a admitir la responsabilidad del Estado.
Sentencia y legado de un sistema corrompido
La presión social y el testimonio de las tres sobrevivientes llevaron a un juicio histórico. El fiscal Franklin Nieves imputó a decenas de funcionarios por delitos que incluyeron homicidio calificado y simulación de hecho punible.
- 26 funcionarios condenados: 22 de ellos recibieron penas de entre 20 y 30 años de prisión.
- Condenas máximas: Félix Martínez Mota (CICPC) y José Antonio Peña (DIM) recibieron la pena máxima de 30 años.
Conclusión: ¿Qué nos dejó la Masacre de Kennedy?
Este caso es un recordatorio de que, cuando los cuerpos de seguridad operan al margen de la ley y bajo el velo de la venganza institucional, la sociedad queda indefensa. La Masacre de Kennedy no fue un error de procedimiento; fue el resultado de un sistema que permitió la existencia de «criminales con placa».
